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Redwood City, California. En una poderosa demostración de apoyo unificado de los gobiernos locales, las 20 ciudades del condado de San Mateo se sumaron a una demanda presentada originalmente en agosto de 2025 por el condado de San Mateo en la que se acusa al estado de California de retener casi $38 millones de fondos que legalmente se adeudan a las agencias gubernamentales locales. Estos fondos se comparten anualmente entre el condado y las 20 ciudades, proporcionando recursos esenciales para programas y servicios que incluyen atención médica, seguridad pública y vivienda asequible.
La demanda detalla que este año los gobiernos locales del condado de San Mateo solo recibieron $76,5 millones de los $114,3 millones que se les adeudaban según la fórmula de financiación estatal, lo que supone un déficit de casi $38 millones. La propuesta presupuestaria inicial del estado para 2025 excluía por completo la financiación del condado de San Mateo, pero la exitosa presión ejercida por el condado y sus miembros de la Asamblea Estatal y el Senado restauró dos tercios del total adeudado para apoyar servicios locales esenciales solo para este año. Es muy probable que el presupuesto estatal vuelva a excluir al condado y a sus ciudades el año que viene.
“En un momento en que el condado y nuestras ciudades se esfuerzan por mantener servicios esenciales mientras enfrentan constantes desafíos fiscales, es esencial que el estado mantenga la financiación local que casi todas las demás jurisdicciones de California siguen recibiendo”, declaró la supervisora Lisa Gauthier.
Las 20 ciudades se unieron a la demanda, lo que pone de relieve la magnitud del riesgo para los presupuestos de los gobiernos locales si no se restablecen los $38 millones actuales y no se negocia una solución permanente. Además, los condados de Mono y de Alpine enfrentan desafíos similares con el estado de California y se unieron a la demanda.
“Cuando nos enfrentamos a un desafío o una crisis importante en el condado de San Mateo, nuestros líderes electos y nuestros funcionarios públicos se unen para encontrar soluciones sensatas y luchar en nombre de los residentes a los que servimos”, declaró el alcalde de Redwood City, Elmer Martínez Saballos.
“Estoy sumamente satisfecho con la colaboración de todas las ciudades y pueblos de nuestro condado, ya que esta expropiación injusta por parte del estado afecta a todos sus residentes. También agradezco a mis colegas de los condados de Alpine y de Mono que se hayan unido a esta demanda, ya que el estado colectivamente nos señaló y nos trató de manera diferente a todos los demás condados”, declaró el director del condado, Michael Callagy. “Es fundamental que todos los residentes sepan sobre el impacto real de esta expropiación estatal, este año y en adelante, y que se unan a nosotros en la lucha para que nuestros impuestos permanezcan en el condado de San Mateo”.
La demanda alega que el estado de California infringió su propia ley y un acuerdo presupuestario de 2004 conocido como “VLF Swap” (Intercambio de tarifas de matrículas vehiculares [VLF]), en el que los condados y las ciudades renunciaron a los ingresos por tarifas de matrículas vehiculares para ayudar al estado a reducir el déficit presupuestario. A cambio, la Legislatura garantizó la financiación continua de reemplazo mediante un complejo sistema basado en las asignaciones anuales del impuesto sobre la propiedad, conocidas como el monto de ajuste de las tarifas de matrículas vehiculares (VLFAA). Sin embargo, debido a aspectos técnicos del mecanismo de pago que escapan al control local, dicho sistema deja al condado de San Mateo y a todas sus ciudades sin millones de dólares. Mientras tanto, el estado paga el monto total a las jurisdicciones locales de otros 55 condados a través del mecanismo de financiación establecido en el estatuto, sin lugar a dudas.
“La magnitud de los recortes de fondos a los servicios y los programas del gobierno local en cada ciudad como resultado de las acciones del estado es profundamente preocupante”, declaró el alcalde de la ciudad de San Mateo, Rob Newsom. “Solo en la ciudad de San Mateo, nuestra parte de los $38 millones es de $2,2 millones. Absorber ese déficit afectó los servicios esenciales de la ciudad y los programas básicos de los vecindarios. Necesitamos que se restablezcan estos fondos y una solución permanente para garantizar la financiación completa en los próximos años lo antes posible”.
“Para comunidades como East Palo Alto, cada dólar de financiación prometida por el estado es importante. Dependemos de estos recursos para apoyar los programas juveniles, la seguridad del vecindario y los servicios esenciales de los que nuestros residentes dependen a diario”, dijo la alcaldesa de East Palo Alto, Martha Barragan. “Mantenernos unidos con las 20 ciudades envía un mensaje claro: El condado de San Mateo merece una financiación justa y constante”.
“Recibir la totalidad de los fondos de VLF prometidos por el estado es fundamental para los servicios municipales de Pacifica. Dependemos de esa financiación para brindar servicios vitales de policía, bomberos y respuesta a emergencias, no solo para los residentes de Pacifica que pagaron las tarifas de matrículas vehiculares, sino también para los millones de conductores que transitan por Pacifica por la carretera 1 cada año”, declaró la alcaldesa de Pacifica, Sue Beckmeyer. “Contamos con esa fuente continua de ingresos. Ahora el estado quiere retirar esos fondos unilateralmente”.
La demanda, en la que figuran como demandados el estado de California y el director de Finanzas del gobernador Newsom, Joe Stephenshaw, afirma que se adeuda el monto total a todos los gobiernos locales afectados, y que el estado debe cumplir con su obligación plena ahora y en el futuro sin litigios presupuestarios anuales en Sacramento.
El caso está actualmente pendiente en el Tribunal Superior de California, condado de San Francisco. Se espera que el estado de California responda a la demanda en enero.
La demanda se presentó ante el Tribunal Superior de California, condado de San Francisco, número de caso CPF25519270.