8 de mayo de 2026
Para publicación inmediata
SACRAMENTO — Los líderes del condado de San Mateo advirtieron el jueves a los legisladores estatales que un mecanismo de financiación que lleva décadas en vigor está privando al condado de cientos de millones de dólares necesarios para mantener la seguridad pública, la vivienda y otros servicios básicos.
Los funcionarios locales dijeron que la estructura de pagos actual del Estado ya ha dejado al condado de San Mateo y a sus 20 ciudades con un déficit de aproximadamente $157 millones en los últimos dos años fiscales, y se prevé que las pérdidas superen los mil millones de dólares en la próxima década, a menos que el Estado tome medidas.
Ante el Subcomité de Presupuesto sobre Administración Estatal y Gobierno General del Senado del Estado de California, el senador estatal Josh Becker, la supervisora Jackie Speier y otros líderes locales instaron a los legisladores a restablecer el financiamiento y establecer una solución permanente.
“Somos uno de los motores económicos del Estado”, dijo Becker, señalando que solo el condado de San Mateo genera $203 mil millones anuales en producto interno bruto. “Sin embargo, año tras año, el condado debe luchar por la financiación que se nos debe para servicios cruciales. Hoy estoy aquí para defender cada dólar que se le debe a nuestro condado y exigir una solución permanente para que finalmente podamos terminar con este ciclo de incertidumbre”.
La controversia se centra en los fondos de reemplazo que reciben los condados y las ciudades, vinculados a una reducción de las tarifas de matrículas vehiculares aprobada hace más de dos décadas. Estos pagos de reemplazo a veces se denominan “VLF sustitutivos” o simplemente “VLF”. Aunque la mayoría de los condados siguen recibiendo pagos de reemplazo completos, el condado de San Mateo necesita que el Estado adopte medidas cada año para recibir el importe total que le corresponde.
Speier advirtió que las consecuencias de los déficits continuos se sentirían en todos los servicios del condado.
“Estamos hablando de que la seguridad pública se vea afectada. Estamos hablando de no poder mantener a las personas sin hogar fuera de las calles. El condado no prestará servicios a los niños con enfermedades mentales”, dijo Speier tras el testimonio. “La tarifa de matrícula vehicular siempre ha sido la tercera fuente de financiamiento más importante para las ciudades y los condados”.
La audiencia del jueves supuso la segunda comparecencia del condado ante los comités presupuestarios estatales en dos semanas, tras el testimonio ante un subcomité presupuestario de la Asamblea el 28 de abril por parte de alcaldes, bomberos, grupos sindicales y líderes de organizaciones sin fines de lucro.
Los oradores del jueves advirtieron que los déficits continuos podrían provocar recortes en el personal de seguridad pública, los programas de vivienda asequible y los servicios sociales en todo el condado.
La alcaldesa de Pacifica, Christine Boles, afirmó: “Pacifica ya se enfrenta a un déficit estructural de $3 millones, y la pérdida de $2,4 millones del impuesto VLF elevaría nuestro déficit al 10 % de nuestro presupuesto. De por sí, solo contamos con dos agentes de servicio durante la noche; cualquier recorte sería devastador para la seguridad pública y nuestra capacidad de cuidar de nuestra comunidad”.
El tema también ha recibido apoyo de líderes fuera del condado de San Mateo.
“Proteger el monto total de la financiación del VLF que le corresponde al condado de San Mateo no es solo un asunto local; es una cuestión de justicia básica para garantizar recursos regionales críticos y, por lo tanto, algo que también concierne a las comunidades vecinas”, dijo Sergio López, concejal de Campbell, presidente de la Valley Transportation Authority y presidente de la League of Cities —División Península—.
Stacy Jimenez, concejala de Foster City, dijo: “La pérdida de la financiación del VLF para nuestro condado y nuestras ciudades es nada menos que un robo. Esta pérdida de dinero se traduce en la pérdida de servicios y empleos que tendrán un efecto dominó devastador. Financiar íntegramente y resolver el déficit del VLF preserva la capacidad de los gobiernos locales para servir y cuidar a nuestras comunidades, y es esencial para la salud de nuestro condado y más allá”.
Greg Wright, vicealcalde de Pacifica, dijo: “Con nuestro déficit presupuestario estructural, nos enfrentamos a recortes en el personal de policía y bomberos, lo que aumenta los tiempos de respuesta y pone en riesgo a nuestros ciudadanos. Contamos con un programa para personas sin hogar que funciona y es eficaz, pero cuya financiación estaría en peligro”.
“El déficit en los ingresos por las tarifas sustitutivas de matriculación de vehículos afectará directamente a los miembros vulnerables de la comunidad que dependen de la estabilidad que pueden brindar los programas del condado”, afirmó Kassandra Vivanco Guerrero, de la organización sin fines de lucro Nuestra Casa de East Palo Alto. “Trabajo directamente con estas familias a diario y estoy aquí para defender sus intereses. Es importante que alcemos la voz por las personas que no pueden estar aquí y hacerlo por sí mismas”.
Georgia Farooq, directora ejecutiva de Thrive Alliance, que aboga por el sector de servicios sin fines de lucro, se hizo eco de estas palabras.
“Nuestras organizaciones sin fines de lucro locales han acudido hoy en masa a Sacramento, en todas las áreas temáticas. Esto demuestra lo crucial que es para ellas la financiación del VLF para poder satisfacer las crecientes necesidades de la comunidad”.
Jim Lawrence, presidente de la junta directiva de Fixin’ San Mateo County, dijo que vino a Sacramento “para luchar por que estos fondos se paguen al condado, ya que su impacto afectará significativamente de manera negativa a las personas mayores y a las familias de bajos ingresos, ya que el condado y las organizaciones sin fines de lucro no podrán cubrir la brecha”.
Lisa Litsey, directora ejecutiva de Aspire House, una organización sin fines de lucro que ofrece un programa de rehabilitación social y vocacional para adultos con enfermedades mentales, señaló que organizaciones como la suya dependen de la financiación para brindar servicios a los residentes más vulnerables de la comunidad. “Somos una organización dedicada a la salud mental. Esos fondos son vitales”, afirmó. “Trabajamos con nuestros miembros para evitar la hospitalización, que nos cuesta a todos aún más”.
Marya Ouro-Gbeleou, de la organización sin fines de lucro Daly City Partnership, dijo: “El norte del condado de San Mateo ya sufre importantes disparidades en recursos e inversión, y nuevas reducciones afectarán de manera desproporcionada a las familias de bajos ingresos, los inmigrantes, las personas mayores y los hogares trabajadores que luchan contra el alto costo de vida de la región. Instamos al Estado a restablecer por completo estos fondos y a establecer una solución permanente de cara al futuro”.
“Es vital restablecer la financiación de la tarifa sustitutiva de matriculación de vehículos (VLF) para el condado de San Mateo y encontrar una solución permanente. La pérdida de esta financiación sería devastadora para nuestros miembros y para toda la comunidad”, dijo Kyla Valenti, tesorera de AFSCME Local 829, que representa a más de 4,000 empleados y sus familias en todo el condado de San Mateo.
Ken Chan, del Consejo de Liderazgo de Vivienda del condado de San Mateo, dijo: “Al retener los fondos de la tarifa de matrícula vehicular, el Estado obligará a recortar los programas de construcción de viviendas asequibles que evitan que nuestros residentes más vulnerables se queden sin hogar, así como el apoyo a quienes actualmente no tienen acceso a una vivienda estable”. “Esto tendrá un efecto dominó, poniendo en riesgo muchas propuestas de vivienda asequible y retrasando la construcción de las nuevas viviendas que nuestras comunidades necesitan con urgencia”.
Manuel Rodríguez, de la YMCA of Greater San Francisco, dijo: “En nuestro Centro de Recursos Comunitarios de South San Francisco, los fondos respaldados por el VLF ayudan a las familias a acceder a asistencia alimentaria, estabilización de la vivienda, gestión de casos y apoyo crítico durante las crisis.
“El resultado será que más familias queden desatendidas antes de llegar siquiera a los sistemas de emergencia”.