27 de agosto de 2025

Redwood City – El condado de San Mateo acusa al estado de California de retener casi 38 millones de dólares que le debe al condado y a sus ciudades, dinero que, según los líderes locales, es fundamental para la atención médica, la seguridad pública y la vivienda asequible.

En una demanda presentada esta semana, el condado afirma que el estado cometió una infracción de su propia ley y de un acuerdo presupuestario de 2004, perjudicando al condado y a ciudades desde Daly City hasta East Palo Alto y amenazando los servicios locales básicos.

“Estos fondos se le deben al condado de San Mateo y a nuestras 20 ciudades”, afirmó el ejecutivo del condado, Mike Callagy. “Y en lugar de cumplir con sus obligaciones, el estado quiere que nosotros absorbamos el costo”.

El asunto es cuál se conoce como “importe del ajuste de la tasa de matriculación de vehículos” (VLFAA por sus siglas en ingles), una fuente de financiación que, según la demanda, proporciona “servicios esenciales” a los residentes locales.

“Este año, la Legislatura rompió su promesa”, el condado alega en la presentación, diciendo que los gobiernos locales recibieron solo 76,5 millones de dólares de los 114,3 millones que se les debían, lo que supone una diferencia de casi 38 millones. La propuesta presupuestaria inicial del estado excluía por completo la financiación del condado de San Mateo, pero la exitosa presión ejercida por el condado y sus socios legislativos garantizó dos tercios del total debido para apoyar los servicios locales. Mientras tanto, el estado pagó la totalidad de la VLFAA a las jurisdicciones locales de otros 55 condados a través del mecanismo de financiación previsto en la ley, sin cuestionar nada.

“El hecho de que el estado no haya pagado íntegramente la VLFAA al condado de San Mateo y sus ciudades causará un daño grave y duradero al condado y a las ciudades, cuyos presupuestos requieren estos fondos para prestar servicios públicos a los residentes”, afirma la demanda. “La pérdida de estos ingresos necesarios supondrá una carga para los presupuestos del condado y las ciudades y reducirá la financiación de servicios públicos esenciales”.

El condado sigue afirmando que se sigue debiendo el importe total y está presionando al estado para que cumpla con su obligación íntegra. La demanda nombra como demandados al estado de California, a Joe Stephenshaw, director financiero del gobernador, y a la contralora Malia Cohen.

La obligación del estado de proporcionar los pagos de la VLFAA se deriva del “VLF Swap” de 2004, un acuerdo presupuestario en el que los condados y las ciudades renunciaron a los ingresos por tasas de matriculación de vehículos y a una parte de los impuestos locales sobre la propiedad para ayudar al estado a cerrar el déficit y cumplir con sus obligaciones de financiación escolar.

A cambio, la Legislatura garantizó la financiación continua de la sustitución a través de la VLFAA, ajustada anualmente en función del crecimiento del impuesto sobre la propiedad de cada condado y ciudad. Sin embargo, debido a la forma en que se financian muchos de los distritos escolares del condado de San Mateo, el condado se quedó sin las mismas protecciones, lo que lo hizo especialmente vulnerable al déficit de este año.

“Se suponía que la fórmula de financiación trataría a todos los condados por igual, pero debido a la estructura de nuestras escuelas, San Mateo queda excluido, y nuestros residentes pagan el precio”, dijo Callagy. “El sistema establecido por el estado vincula estos fondos de sustitución a las fórmulas de financiación escolar. Eso funciona en todas partes, pero no aquí; porque tenemos más distritos de ayuda básica que la mayoría de los condados, nos quedamos con menos.”

Según la demanda del condado, el déficit de casi 38 millones de dólares se repartiría entre el gobierno del condado y las 20 ciudades del condado de San Mateo.

Si el condado gana el caso, se reafirmarían las protecciones financieras para los gobiernos locales de toda California. Si no es así, advierten los líderes de San Mateo, Sacramento podría sentirse animado a repetir recortes en tal manera en futuros ejercicios presupuestarios, trasladando de hecho las presiones fiscales del estado a los gobiernos municipales y del condado.

“Estos dólares financian los servicios de nuestros presupuestos locales de los que dependen los residentes cada día, desde la respuesta a emergencias y la atención médica hasta la vivienda y la seguridad pública”, afirmó Jackie Speier, supervisora del condado de San Mateo. “El Estado hizo una promesa, y romperla no solo perjudica a los presupuestos de los gobiernos locales, sino también a nuestros residentes”.

Effie Milionis Verducci
Directora interina de Comunicaciones Estratégicas
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